Tarde plácida la de ayer en el Parlament para Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial. Presentaba las actuaciones realizadas en Cataluña durante cuatro años, al amparo de la Ley de Barrios, y se fue casi con elogios de la oposición. Le sentó bien tras 48 horas siendo despellejado por la subida de tarifas del transporte. Lo cierto es que todos los grupos que asistieron a la comisión parlamentaria dieron su aprobación tanto a la ley como a su desarrollo hasta el momento, que ha supuesto una inversión pública de 990 millones de euros en 92 barrios de 77 localidades catalanas. Se puede mejorar, convinieron el propio Nadal y el diputado Josep Rull (CiU), pero se está en el buen camino. Nadie gritó “¡que se besen!”, pero hubiera cabido.
Y es que la única sugerencia de la oposición (que se aumente la aportación de la Generalitat y se reduzca la municipal) ya la llevaba Nadal en el bolsillo y la puso sobre la mesa desde el primer momento. A partir de ahora, en función del proyecto, la Generalitat podrá financiar hasta el 75% de la intervención y el Consistorio quedarse en el 25%. Esto abre las puertas a actuaciones en localidades de menor tamaño y escaso presupuesto.
La sesión de ayer fue un rosario de cifras. Pero hubo una, que salió a relucir ya en la serie de dúplicas, que reseña lo que para las poblaciones significa esta ley. La primera de las cinco convocatorias de ayudas preveía 99 millones públicos (a partes iguales entre la Generalitat y los ayuntamientos). Benefició a 13 barrios de 12 municipios (en Barcelona había dos: Santa Caterina y Roquetes). A fecha de ayer, la inversión realmente realizada era del 71% de lo previsto y aún quedan dos años para agotar el plan. Pero lo verdaderamente importante es que al lado de esa inversión pública se ha producido una inversión inducida de otras administraciones y, también, privada. El resultado es que los 99 millones iniciales se han convertido en 789 millones de euros de inversión real.
Los 13 primeros barrios presentan un desarrollo de planes desigual debido, reconoció Nadal a petición de Rull, a que algunos trámites son muy largos. Es el caso del barrio del Erm, en Manlleu, que supone la expropiación de un bloque de pisos que aún no está consumada. El resultado es que Manlleu presenta el grado más bajo de realización: sólo el 36% de la inversión aprobada, pero se completará, afirmó Nadal, cuando concluya la expropiación, cuyos plazos tienden a ser garantistas respecto a los propietarios.
Rull sugirió también que se solapen las ayudas de la ley de barrios con las prometidas por el Gobierno central. No será posible, explicó Nadal, porque el decreto del Gobierno central prevé la financiación íntegra del proyecto; no caben, pues, otros ya programados y cofinanciados.
En cambio, se ha previsto que las poblaciones que terminen la inversión puedan suscribir un contrato con la Generalitat para disponer de una partida de mantenimiento durante un periodo de dos años, de modo que se consoliden los beneficios del plan, que ha favorecido, recordó Nadal, a centros históricos deprimidos, polígonos de viviendas de las décadas de los sesenta y setenta, y áreas de urbanización sin planificación previa y, por tanto, con fuertes déficit de equipamientos.
De los 990 millones públicos aprobados, 452 millones se destinan a mejoras en los espacios públicos y dotación de zonas verdes, y 216 millones a equipamientos de uso colectivo. A partir de ahora, con las nuevas ayudas se seguirá otro sistema: las convocatorias se harán a medida que se terminen actuaciones iniciadas, de modo que el número de intervenciones en toda Cataluña se mantenga en torno al centenar de modo constante.”
Escrito por urbanismoavsu 
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